Objetivos del estado en los espacios acuáticos (Intereses acuáticos)
Según la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos
Artículo 5.- Las políticas del Estado en sus espacios insulares y acuáticos, estarán dirigidas a garantizar, entre otros aspectos:
El imperio de la ley, vigilancia y control para reprimir la actividad ilícita.
El bienestar de la población del territorio insular y las costas marítimas, fluviales y lacustres.
La seguridad social de la gente de mar.
El poblamiento armónico de los ejes fluviales.
La seguridad de la vida humana y la prestación de auxilio.
La preservación del patrimonio arqueológico y cultural acuático y subacuático.
El desarrollo de la marina mercante.
El desarrollo, regulación, promoción y control y consolidación de la industria naval.
El desarrollo, regulación, promoción y control de la industria turística.
El desarrollo, regulación, promoción y control de la actividad científica y de investigación.
El desarrollo, regulación, promoción y control de los deportes náuticos.
El desarrollo, regulación, promoción y control de las actividades económicas, en los espacios acuáticos.
El desarrollo, regulación, promoción y control de los asuntos navieros y portuarios del Estado.
El disfrute de las libertades de comunicación internacional, de emplazamiento y uso de instalaciones, de la pesca y la investigación científica en la Alta Mar.
La cooperación con la comunidad internacional para la conservación de especies migratorias y asociadas en la Alta Mar.
La exploración y explotación sustentable, de los recursos renovables y no renovables en el Gran Caribe y los océanos, en especial en el Atlántico y el Pacífico.
La participación, conjuntamente con la comunidad internacional, en la exploración sustentable de los recursos renovables y no renovables, en la distribución equitativa de los beneficios que se obtengan y el control de la producción de la Zona Internacional de los Fondos Marítimos y la Alta Mar.
La protección, conservación, exploración y explotación, de manera sustentable, de las fuentes de energía, así como de los recursos naturales, los recursos genéticos, los de las especies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que por causas naturales se encuentren en estos espacios.
El conocimiento, la investigación, conservación y aprovechamiento sustentable de la diversidad biológica.
El desarrollo de las flotas pesqueras de altura y las artesanales, con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria, a la vez de garantizar su rentabilidad.
La seguridad de los bienes transportados por agua.
La promoción del transporte de personas y bienes y el desarrollo de mercados.
La preservación de las fuentes de agua dulce.
La preservación del medio acuático contra los riesgos y daños de contaminación.
La protección, conservación y uso racional de los cursos de agua.
El disfrute de las libertades consagradas en el derecho internacional.
La cooperación en el mantenimiento de la paz y del orden legal internacional.
La participación permanente en los foros internacionales relativos a asuntos acuáticos.
La cooperación internacional derivada de las normas estatuidas en las diversas organizaciones, de las cuales la República sea parte.
La participación en los beneficios incluidos en la Convención sobre el Derecho del Mar, con relación al desarrollo, transferencia de tecnología para la exploración, explotación, conservación y administración de recursos, protección y preservación del medio marino, la investigación científica y otras actividades conexas.
Promover la integración, en especial la latinoamericana, iberoamericana y del Caribe.
Promover la no-proliferación nuclear en el Caribe.
Otras que sean contempladas en los planes de desarrollo Nacional.
Artículo 5.- Las políticas del Estado en sus espacios insulares y acuáticos, estarán dirigidas a garantizar, entre otros aspectos:
El imperio de la ley, vigilancia y control para reprimir la actividad ilícita.
El bienestar de la población del territorio insular y las costas marítimas, fluviales y lacustres.
La seguridad social de la gente de mar.
El poblamiento armónico de los ejes fluviales.
La seguridad de la vida humana y la prestación de auxilio.
La preservación del patrimonio arqueológico y cultural acuático y subacuático.
El desarrollo de la marina mercante.
El desarrollo, regulación, promoción y control y consolidación de la industria naval.
El desarrollo, regulación, promoción y control de la industria turística.
El desarrollo, regulación, promoción y control de la actividad científica y de investigación.
El desarrollo, regulación, promoción y control de los deportes náuticos.
El desarrollo, regulación, promoción y control de las actividades económicas, en los espacios acuáticos.
El desarrollo, regulación, promoción y control de los asuntos navieros y portuarios del Estado.
El disfrute de las libertades de comunicación internacional, de emplazamiento y uso de instalaciones, de la pesca y la investigación científica en la Alta Mar.
La cooperación con la comunidad internacional para la conservación de especies migratorias y asociadas en la Alta Mar.
La exploración y explotación sustentable, de los recursos renovables y no renovables en el Gran Caribe y los océanos, en especial en el Atlántico y el Pacífico.
La participación, conjuntamente con la comunidad internacional, en la exploración sustentable de los recursos renovables y no renovables, en la distribución equitativa de los beneficios que se obtengan y el control de la producción de la Zona Internacional de los Fondos Marítimos y la Alta Mar.
La protección, conservación, exploración y explotación, de manera sustentable, de las fuentes de energía, así como de los recursos naturales, los recursos genéticos, los de las especies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que por causas naturales se encuentren en estos espacios.
El conocimiento, la investigación, conservación y aprovechamiento sustentable de la diversidad biológica.
El desarrollo de las flotas pesqueras de altura y las artesanales, con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria, a la vez de garantizar su rentabilidad.
La seguridad de los bienes transportados por agua.
La promoción del transporte de personas y bienes y el desarrollo de mercados.
La preservación de las fuentes de agua dulce.
La preservación del medio acuático contra los riesgos y daños de contaminación.
La protección, conservación y uso racional de los cursos de agua.
El disfrute de las libertades consagradas en el derecho internacional.
La cooperación en el mantenimiento de la paz y del orden legal internacional.
La participación permanente en los foros internacionales relativos a asuntos acuáticos.
La cooperación internacional derivada de las normas estatuidas en las diversas organizaciones, de las cuales la República sea parte.
La participación en los beneficios incluidos en la Convención sobre el Derecho del Mar, con relación al desarrollo, transferencia de tecnología para la exploración, explotación, conservación y administración de recursos, protección y preservación del medio marino, la investigación científica y otras actividades conexas.
Promover la integración, en especial la latinoamericana, iberoamericana y del Caribe.
Promover la no-proliferación nuclear en el Caribe.
Otras que sean contempladas en los planes de desarrollo Nacional.
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